El impuesto de los 10 centavos

En 1875, el municipio de Antofagasta había intentado imponer un impuesto de 3 centavos a la CSFA, pero el Consejo de Estado, presidido por Serapio Reyes Ortiz, quien sería durante la crisis Ministro de RR.EE. y posteriormente Presidente de Bolivia, había rechazado el impuesto "por violar el Tratado de Límites de 1874 y la licencia de noviembre de 1873".En 1878, el congreso de Bolivia se abocó al estudio de la licencia a la CSFA de noviembre de 1873, basándose en una interpretación de la ley del 22 de diciembre (que dio lugar a la licencia de 1873) que entendía que todas las renegociaciones debían ser aprobadas por el congreso. La empresa sostenía que solo en caso de desavenencia entre el gobierno y la empresa. Finalmente la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley del 14 de febrero de 1878 aprobó la licencia a condición de que la compañía pagara un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal de salitre exportado.Para la CSFA, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba la licencia de noviembre de 1873 y el artículo IV del Tratado de límites de 1874 en que Bolivia se comprometió a no subir durante 25 años los impuestos a las empresas chilenas. Por ello, la compañía se negó a pagar el impuesto y solicitó la representación del gobierno chileno encabezado por Aníbal Pinto, que se la otorgó, desencadenándose un conflicto diplomático, amén de un conflicto interno en el gobierno chileno pues algunos de sus miembros eran accionistas en la CSFA y otros tenían intereses invertidos en Bolivia que temían perder si el conflicto llegaba a mayores.A lo largo de los meses siguientes, el gobierno boliviano se abstuvo de implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. El 8 de noviembre, el canciller chileno, Alejandro Fierro, envió una nota al canciller Martín Lanza indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como lo contemplaba el Protocolo de 1875, este no llegó a realizarse ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspendiera la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro, el gobierno de Bolivia exigía que el blindado Blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiraran de la bahía de Antofagasta